Monday, December 05, 2016

El juez Zamarriego prohíbe difundir Football Leaks en toda Europa

Firma un auto en el que ordena a los 12 medios del consorcio EIC, del que forma parte EL MUNDO, "la paralización o prohibición, ya sea en la edición impresa o en la digital", de todas sus informaciones
El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid, Arturo Zamarriego, ha prohibido publicar todas las informaciones relativas a Football Leaks en los 12 medios de comunicación europeos que destaparon el caso. Así lo acordó el magistrado en un auto conocido este lunes y fechado el pasado 2 de diciembre -el día anterior a la publicación en edición impresa y el mismo que apareció en versión digital-, en el que ordena «la paralización y/o prohibición de publicación, ya sea en edición impresa o digital, de la información confidencial de carácter personal, financiera, fiscal o de índole legal, de los clientes de la entidad Senn Ferrero».
En concreto, Zamarriego acuerda paralizar la información «a la que haya podido tener acceso el consorcio de periodistas European Investigative Collaborations», conocido por sus siglas EIC, y considera que «amparar en este momento la posibilidad de que se puedan divulgar en los medios de comunicación unos datos de carácter personal, que se investiga si han podido ser interceptados o apropiados ilícitamente, supondría amparar un presunto hecho delictivo».
Zamarriego alega el artículo 197.1 del Código Penal, relativo al descubrimiento y revelación de secretos, para advertir de que se trata de «amparar el derecho fundamental que tiene todo ciudadano a la privacidad de sus comunicaciones frente a actuaciones delictivas» como el apoderamiento de conversaciones privadas.
El juez, ya polémico en el tratamiento del caso del pequeño Nicolás, responde así a la petición formulada por el bufete Senn Ferrero, firma de asesoramiento personalizado en materia legal, fiscal y laboral de deportistas. Esta empresa remitió un escrito al juzgado, el pasado 29 de noviembre, solicitando la prohibición de la publicación por parte del consorcio así como la de comunicar a los distintos integrantes del mismo la decisión judicial adoptada y «la medida a la que quedan expresamente obligados a cumplir», según consta en el auto.
El bufete solicitó también al juzgado emitir un requerimiento a EIC para que procediera «a la puesta a disposición judicial del soporte material al que han tenido acceso». Conviene precisar que la información en cuestión versa sobre 18,6 millones de documentos, entre contratos, correos electrónicos y hojas de cálculo, que sirvieron de material para el trabajo de periodismo de investigación realizado por 60 periodistas de 12 medios europeos. En concreto, Der Spiegel, Mediapart, Expresso, Le Soir, Politikien, Falter, NRC Handelsblad, L'Espresso, The Sunday Times, Newsweek Serbia, el consorcio RCIJ/ The Black Sea y EL MUNDO.
El procedimiento de instrucción abierto en el juzgado de Madrid, cuya causa está declarada secreta, se produjo después de que Julio Senn González, uno de los responsables del bufete, presentara una denuncia por una presunta sustracción de información de los servidores de la empresa, cuyo autor se desconoce.
El pasado 24 de noviembre, el diario El MUNDO recibió la notificación de un auto similar al fechado el 2 de diciembre, en el que el juez Zamarriego ordenaba a su director, Pedro G. Cuartango, la paralización de la publicación alegando los mismos motivos. En el caso de la orden dirigida al consorcio, al tratarse de medios no españoles, el magistrado recurre al auxilio judicial y se dirige «directamente» a la autoridad judicial alemana, país donde radica la sede de Der Spiegel, el semanario que obtuvo los documentos, compartidos con la red EIC.
En este caso, el magistrado alega lo dispuesto en el artículo 6.1 del Convenio de 29 de mayo de 2000, relativo a la Asistencia Judicial en materia penal entre los Estados miembros de la UE. No obstante, conviene advertir de que el auto en cuestión llegó a EIC a través de un representante de la firma Deloitte, contratada por Senn Ferrero.
En concreto, la abogada Silvia Zamorano, que remitió una carta a Stefan Candea, coordinador de EIC, el 2 de diciembre, comunicándole la decisión del juez. «Le informamos que el Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid ha emitido una medida que ordena paralizar y prohibir publicar información», consta en la citada misiva.
Este diario se puso en contacto con Candea, que advirtió de que EIC es «una red de periodistas» y, como tal, «no tiene sede y no está registrada como organización». «Es una idea y una declaración de los periodistas que contribuyen a hacer periodismo serio más allá de diferentes fronteras». En la misma línea se pronunció uno de los responsables de Mediapart, que calificó el auto como «un ataque importante e inaceptable a la libertad de información, que es una base para la democracia. Nunca hemos visto un ataque como ese para un continente entero», denunció.
Fuentes jurídicas consultadas por este diario señalaron que Zamorano «está usurpando funciones que sólo le corresponden a los tribunales de los Estados donde radica cada medio», lo que significa que la documentación remitida carece de efecto jurídico. Es Zamarriego el que debe dirigirse a los tribunales.

Reporteros Sin Fronteras condena la prohibición judicial

La asociación Reporteros Sin Fronteras ha condenado firmemente la decisión del juez español Arturo Zamarriego de prohibir al diario El Mundo publicar información sobre Football Leaks, una trama de evasión de impuestos en el fútbol profesional.
La organización califica la decisión judicial como "un intento más de censura a través de los tribunales españoles".
Esta medida cautelar se produce a raíz de una denuncia de Senn Ferrero Asociados, una asesoría fiscal que cuenta o ha contado entre sus clientes a personalidades del mundo del fútbol, y que aducía que la información que iba a publicar EL MUNDO (y que finalmente está siendo publicada) "ha tenido su origen en un ataque informático". Según el auto del juez, la medida judicial tendría como objetivo proteger los datos confidenciales, fiscales y legales de los clientes, además de una investigación judicial sobre el asunto que ya estaba en marcha.
"Expresamos nuestro apoyo a EL MUNDO y condenamos este intento de censurar una información de elevado interés general fruto del periodismo de investigación", afirmó Malén Aznárez, presidenta de Reporteros Sin Fronteras España.
"El derecho a la información es un derecho, ante todo, de los ciudadanos, y privarles de una información relevante mediante una denuncia es una práctica contraria a este derecho del público, y algo, por desgracia, demasiado habitual", añadió.

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